Morelia, Michoacán.- A nombre del colectivo #NiUnoMás, la periodista Dalia Villegas Moreno fijó una postura respecto a una agresión sufrida dentro de Palacio de Gobierno, cometida presuntamente por un servidor público de alto nivel en ese momento en funciones.
La comunicadora calificó el hecho como una violación grave a derechos protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales, desestimando cualquier intento de catalogarlo como un incidente menor o personal.
El objetivo de la rueda de prensa con el colectivo fue exponer la ruta jurídica emprendida y demandar el acceso a la justicia ante lo que considera un ataque directo al ejercicio periodístico.
La ruta procesal inició formalmente el 3 de noviembre, fecha en que Villegas Moreno presentó una denuncia ante dos instancias federales especializadas de la Fiscalía General de la República (FGR): la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
La querella fue interpuesta en contra del entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y contra quien o quienes resulten responsables, por violación a la libertad de expresión y los delitos que se deriven de los hechos. Dicha denuncia fue ratificada y ampliada el 5 de noviembre, incluyendo la práctica de periciales médico, psicológico e informático forense, y culminando con una recreación de los hechos dentro del Palacio el 7 de noviembre.
Los hechos denunciados configuran una serie de posibles ilícitos graves. La periodista detalló que el incidente incluyó el arrebato violento de un instrumento de trabajo periodístico, el sometimiento físico por parte de elementos uniformados, la restricción de movimiento y la imposibilidad de documentar un hecho de interés público. Estos actos podrían tipificarse como abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, apoderamiento indebido de bienes y, fundamentalmente, un impedimento directo al ejercicio de la libertad de expresión, vulnerando obligaciones estatales bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros pactos internacionales.
Un aspecto crucial que ha obstaculizado el avance de la investigación es la retención y la presunta eliminación de los videos grabados en el interior de Palacio de Gobierno. La justificación ofrecida por las autoridades, que los archivos “se borran con el tiempo”, ha sido calificada como inaceptable. Villegas Moreno enfatizó que existen técnicas de recuperación de información y procesos de cadena de custodia que deben ser garantizados por cualquier institución pública, señalando que la dependencia de la carpeta de investigación en dicha evidencia detiene el proceso para solicitar la audiencia judicial correspondiente.
Ante esta situación, la periodista expresó su desconcierto por la inacción del Ministerio Público Federal, que hasta el momento no habría solicitado una orden de cateo para asegurar el material audiovisual, a pesar de la gravedad del ataque y el riesgo evidente de pérdida total de la evidencia. Esta omisión institucional, según la postura del colectivo, retrasa el proceso y alimenta la preocupante percepción de que no se está actuando con la urgencia requerida frente a un ataque directo a la libertad de expresión en la entidad.
Finalmente, se destacó el alarmante silencio institucional que siguió a la difusión de los hechos. Ningún poder del Estado, ningún órgano constitucional autónomo y casi ninguna instancia de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento público.
