«La extorsión realizada desde los centros penitenciarios es un grave problema de seguridad nacional que urge erradicar, porque representa un cúmulo de conductas antijurídicas, como es que los reos posean un teléfono celular para comunicarse con cualquier persona», alertó a diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Laura Bernal Camarena.
Ante dicha situación, la parlamentaria por Sonora propuso reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de sancionar a quien esté sentenciado y recluido en un centro penitenciario y pretenda extorsionar a una persona, pues actualmente la ley no contempla sanciones para estas prácticas.
«De acuerdo con el Informe Anual de Resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), existen alrededor de 947 equipos celulares, que se utilizan para hacer llamadas desde diversos penales del país», denunció.
Agregó que este estudio arrojó que los equipos sospechosos, en los 7 penales que fueron utilizados como muestra, variaron cada semana y fueron la fuente de 219 mil 700 llamadas en el periodo de prueba, siendo una cifra anual de 3.7 millones de llamadas.
Bernal Camarena destacó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2021 se cometieron 829 mil delitos de extorsión; en 44.8% de los casos se pagó la cantidad que los delincuentes demandaron.
«Incurrir en una falta tan grave y aún en cumplimiento de la sentencia que se le haya dictado, representa razón suficiente para poner atención en este delito efectuado desde los centros penitenciarios en México, por eso presento esta iniciativa, que busca inhibir este tipo de prácticas que tanto dañan a la población», sentenció.
