Los programas sociales son instrumentos que tiene por objeto contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las y los mexicanos; no obstante, las entidades financieras, por medio de sus contratos de prestación de servicios, establecen prácticas abusivas, las cuales les permiten descontar, retener o embargar recursos a quienes reciben dichos apoyos, denunció la diputada Mary Carmen Bernal Martínez.
Durante la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre la minuta que reforma el artículo 4o de la Carta Magna en materia de protección a los beneficiarios de los programas sociales, la parlamentaria expresó que con este dictamen se brinda seguridad y certeza jurídica, «como también el debido proceso para proteger y sumar esfuerzos en la búsqueda de la igualdad social y la desaparición de la pobreza».
La integrante del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados argumentó que la mejor forma para elevar la calidad de vida de la ciudadanía es dando certeza jurídica; «por ello, hacemos un llamado para que sin filias ni fobias avalemos esta propuesta».
Bernal Martínez señaló que su bancada está a favor del dictamen, «porque se trata de un tema sensible. Esta propuesta busca reducir la desigualdad en la que nos encontramos. Recordemos que dicha búsqueda es el objeto primordial del trabajo de nuestro Presidente de la República».
En su oportunidad, al discutir la minuta que reforma el artículo 17 de la Constitución Política, en materia de justicia digital, el diputado petista, Pedro Vázquez González, adelantó que su bancada la avala porque se garantiza el derecho pleno a la justicia.
«La impartición de justicia no se debe detener, sin importar las condiciones. El apoyo en las tecnologías de la información y comunicación puede ofrecer soluciones a fin de no detener los procesos jurídicos, así como acercar la justicia y la cultura de la legalidad a diversos sectores de la población», refirió.
El congresista por la Ciudad de México sostuvo que es importante entender la necesidad de que la población tenga acceso a una justicia moderna, de mejor calidad, cercana y con mayor sensibilidad social y humana, así como eficiente y eficaz.
Manifestó que con las modificaciones se mejorarán los recursos y se abonará a que se imparta una justicia rápida y expedita. «Hoy tenemos la oportunidad de iniciar el camino para la búsqueda de una justicia digital plena».
