«De acuerdo a cifras oficiales, las mujeres migrantes en México representan el 20% del total de este sector; ante ello, es impostergable crear políticas públicas con perspectiva de género que protejan y promuevan los derechos de estas personas. Además, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria», indicó la diputada federal María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT).
En ese sentido, la parlamentaria por la Ciudad de México sostuvo que reconocer que son sujetos de derechos les garantizará el acceso a servicios básicos como la educación, salud, vivienda y empleo; fomentando así, la inclusión y económica de los migrantes en la sociedad mexicana, a fin de construir comunidades fuertes y solidarias para todos.
Alertó que se ha registrado un aumento considerable de mujeres menores de edad, desafortunadamente en la mayoría de los casos su paso por nuestro país no sucede libre de violencia; por el contrario, en su travesía enfrentan obstáculos legales, sociales, económicos y culturales, así como, el riesgo de ser explotadas o maltratadas durante su viaje y en su destino final.
Hablar de migración es reconocer que a diario miles de personas dejan sus hogares con la esperanza de llegar a un lugar que les permita vivir con dignidad y mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. La migración y la crisis migratoria por la que el mundo entero atraviesa atiende a los exacerbados niveles de pobreza, violencia y desigualdad económica en los países de origen de las personas migrantes.
Enfatizó que las mujeres migrantes enfrentan múltiples desafíos y obstáculos únicos, en comparación con los hombres, al ser blanco fácil, debido a su género, de violencia sexual, explotación laboral, trata de personas y discriminación en el acceso a servicios básicos, sumado a las barreras adicionales debido a su raza, etnia, religión o estatus migratorio.
«Las mujeres migrantes son ejemplo de resiliencia y fortaleza ante los desafíos que enfrentan en su camino hacia una vida digna; muchas, trabajando en condiciones precarias y desde la informalidad para poder sobrevivir, mantener a sus familias y enviar remesas a sus países de origen. Es por eso que el GPPT refrenda su compromiso para legislar a favor de este sector», concluyó.
