Morelia, Michoacán.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que congrega a delegados tradicionales de 80 comunidades originarias y afromexicanas, manifestó públicamente la exclusión y el trato segregacionista por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la ejecución del Plan de Justicia para el Pueblo Nahua y Afromexicano de la Costa michoacana.
Esta censura fue articulada durante una comparecencia de prensa encabezada por representantes de la comunidad afromexicana de El Ticuiz, perteneciente al municipio de Coahuayana, un núcleo poblacional reconocido por su singularidad en la entidad.
El señalamiento primordial recae sobre el directivo del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas del INPI en El Duin, Gerardo Cervantes Gutiérrez, a quien acusan de obstaculizar la intervención de los delegados tradicionales afrodescendientes en las juntas cruciales y en la conformación de los Comités de Obra Pública, vulnerando así sus prerrogativas colectivas.
El CSIM afirmó que la máxima instancia de poder en estas poblaciones, sean estas indígenas o afromexicanas, es la Asamblea General, la cual, según el comunicado emitido, no ha sido citada para determinar la integración de dichos comités. Esta omisión es interpretada como una violación directa a sus usos y costumbres ancestrales.
Pavel Uliano Guzmán, portavoz del CSIM, pormenorizó en la conferencia de prensa la seriedad del panorama, indicando que la gestación de comités de obra sin la debida convocatoria sienta un precedente riesgoso para futuros proyectos enmarcados en el plan de justicia.
El Consejo Supremo Indígena considera que el Plan de Justicia nace ya viciado por un sesgo discriminatorio al no contemplar la participación formal de los delegados tradicionales y residentes afromexicanos, un hecho que califican de «extremadamente grave». Recordaron que esta exclusión se ha manifestado previamente en otras reuniones regionales organizadas por el INPI.
Como estrategia de presión, el CSIM informó que el pasado 15 de diciembre, pobladores de El Ticuiz, Boca de Apiza y Ojo de Agua, ejecutaron una ocupación pacífica de las instalaciones del INPI en Aquila. Adicionalmente, emplazaron al Instituto a cesar la discriminación y establecer una mesa de negociación en la primera semana de enero, concretamente el día 9.
En caso de no lograr acuerdos o una citación formal que respete la autoridad comunitaria, el Consejo Supremo advirtió sobre una intensificación en sus movilizaciones. Uliano Guzmán culminó la exposición con una advertencia categórica sobre las secuelas de persistir en la exclusión.
