La Dirección General de Industria Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desvió 240.5 millones de pesos a una empresa fantasma entre los años 2013 y 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Se trata de DRM Aceros Internacional que recibió contratos gubernamentales por insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos y equipos militares, y que, pese a haber durado algunos años como enlace con el gobierno, no tenía experiencia previa en la elaboración de dichos insumos y, de acuerdo con la autoridad tributaria tampoco contaba con empleados ni infraestructura para comercializar los bienes, como da cuenta una revisión hecha en 2018.
La mayoría de las contrataciones fueron por adjudicación directa.
De acuerdo con una investigación del diario El País, dicha sociedad fue constituida el 19 de septiembre de 2013 ante un notario de Tlalnepantla, en el Estado de México, y dos meses después firmó su primer contrato.
De 2013 a 2016 la empresa le vendió a la dependencia diversos materiales para la fabricación de cañones, lanzagranadas, así como piezas que son usadas en los procesos productivos para fabricar los componentes de los fusiles, cartuchos y granadas de mano.
DRM Aceros no solo simulaba sus actividades, sino que para vender a un mayor precio los insumos que le ofertaba a la Sedena se confabulaba con otras empresas, concluyó la Auditoría Superior tras hacer una revisión a tres procedimientos de contratación realizados en 2015.
Incluso, en la investigación que se hizo al respecto, se halló que en una ocasión, la empresa vendió a la Dirección de Industria Militar acero con un sobreprecio de 143.9%, ya que el material costaba 8.3 millones de pesos pero DRM Aceros lo vendió en 26.7 millones de pesos.
Además, el órgano fiscalizador señaló que era probable que estuviera incumpliendo sus obligaciones fiscales porque, con los datos proporcionados por Hacienda, se pudo constatar que la firma realizó importaciones de acero, pero en su declaración anual de 2015 nunca informó de estas compras.
De igual forma, presumía la adquisición de productos en otros países solo para aumentar el costo de su valor, cuando en realidad los elaboraban en México.
En el mismo procedimiento de contratación nuevamente se detectó connivencia entre los participantes. Según la Auditoría, tres de las empresas estaban relacionadas con DRM Aceros, ya que en los movimientos notariales se encontró que compartían accionistas, comisarios y representantes legales.
Las compras que la Sedena hizo a esta empresa mediante invitación restringida las justificó asegurando que de esta forma se garantizaba la participación de especialistas e insumos especiales con los que no contarían otras empresas.
De acuerdo con la investigación, si bien el Ejército ha adquirido más poder en las últimas administraciones federales, en las que se le han asignado tareas de seguridad pública, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador éste se ha fortalecido, pues no sólo legalizaron su participación en dichas tareas, sino que se le confirieron obras públicas de gran envergadura.
Lo anterior, en medio de la opacidad con la que se manejan bajo el argumento de la seguridad nacional, bajo el cual han aumentado las asignaciones directas sin licitar los contratos.
Los datos recabados por la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y México Evalúa muestran el abuso que la Defensa Nacional ha hecho de la asignación directa.
Mientras que en 2013, al inicio del sexenio de Peña Nieto, apenas asignaban 270 millones de pesos, en 2018, el último año de ese gobierno, la cifra alcanzó los 3 mil 270 millones de pesos y, con López Obrador, la Sedena entregó contratos por 5 mil millones de pesos en 2019 sin lanzar una convocatoria de contratación.
Estas contrataciones a DRM Aceros se dieron durante la gestión, primero, del general Gerardo Rubén Serrano Herrera como titular de la Dirección de Industria Militar, quien estuvo en el cargo desde principios de 2012 a enero de 2015; luego, con el general Genaro Fausto Lozano Espinosa, que estuvo en el puesto hasta diciembre de 2016, cuando pasó a retiro y en cuya ceremonia de despedida el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos lo ensalzó como un gran elemento.
Tres semanas después del evento encabezado por Cienfuegos, la Auditoría Superior emitió el dictamen donde señalaba las anomalías en las compras hechas por la Dirección General de Industria Militar durante 2015, en el periodo del recién condecorado general.
Los últimos contratos con DRM Aceros se firmaron en 2016 y el último pago que la dependencia militar realizó a la empresa fue en enero de 2017 por concepto de un finiquito, es decir una compensación por haber terminado la relación contractual antes de lo estipulado.
En octubre de ese año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) concluyó su indagatoria el 08 de octubre de 2018 y exhibió a la empresa en su listado de empresas fantasmas catalogadas como “definitivas”.
La Contraloría del Ejército decidió inhabilitar y multar a la empresa de acero con 98 mil 140 pesos hasta octubre de 2019.
La sanción fue porque se comprobó que había presentado información falsa, vendió insumos con sobreprecio y actuó como intermediario de los bienes que comercializó a la Defensa Nacional.
En una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación se pedía a las dependencias federales y a los estados «abstenerse» de contratar a la compañía durante tres meses.
Aunque la inhabilitación concluyó en febrero pasado, a la fecha la empresa continúa impedida para celebrar contratos públicos porque no ha pagado la multa.
Con información de El País
