A fin de terminar con el esquema fraudulento e impagable de los créditos hipotecarios que otorga el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) impulsa diversas reformas para cambiar el mecanismo de financiamiento y revertir el impacto negativo que actualmente denuncia tanto el personal activo como jubilado.
En conferencia de prensa, el diputado Alfredo Femat Bañuelos expuso la necesidad de reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues a pesar de que a través de este fondo se han dado cerca de 1 millón de créditos para vivienda, en los hechos se ha constatado que se ha convertido en un calvario, toda vez que de manera recurrente se aplican medidas que no han representado beneficio alguno para los deudores.
El petista recordó que el pasado 14 de enero, el Fovissste informó la denominada actualización UMA (Unidad de Medida y Actualización), cuyo valor pasará —en términos reales— a un incremento de 7.36 con respecto al del año anterior. «A partir de esto se debe considerar que los montos en los esquemas de créditos hipotecarios Fovissste también se incrementarán en la misma proporción; por lo que lo único que se recomienda es el pago anticipado antes de que llegue la actualización», sentenció.
Dado lo anterior, el GPPT propone reformas a dicha Ley e incluir seis artículos transitorios, a fin de que en todos los créditos vigentes se restructure el pago a pesos, y se fije una tasa de interés anual que elimine la actualización; además, se pretende que dicha tasa quede entre el 4 % al 6 %,y si en la restructuración resultara que el acreditado ya pagó el saldo total de su crédito mediante todos sus descuentos realizados con esa tasa, el crédito se dará por terminado y totalmente finiquitado para proceder a la liberación de la hipoteca.
Por otra parte, para quienes sacaron su crédito estando activos laboralmente, pero actualmente están jubilados o pensionados, se propone que sus créditos se reestructuren en pesos con una tasa fija anual y se les cobre el 20 % de su pensión.
Señaló que para aquellos acreditados que tengan una demanda crediticia, de igual forma se les reestructurará su crédito estableciendo descuentos de hasta un 50 % de su deuda, y si resultara que ya terminaron de pagar con sus aportaciones, con el cobro de interés del 4 % al 6 %, la hipoteca se liberará a favor del trabajador.
En su intervención, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que es necesario revisar todas las condiciones en que se encuentran los créditos hipotecarios de las y los trabajadores del país, para que puedan liquidarse en tiempos menores, ya que el costo de la vivienda se paga en un número superior a su construcción y al proyecto inmobiliario.
«Esta es la primera de un paquete de iniciativas para enfrentar este tema tramposo en la que se han quedado envueltos trabajadoras y trabajadores por créditos de vivienda, con contradicciones y esquemas de financiamiento favorables para las instituciones bancarias».
Asimismo, indicó que lo que antes era una conquista sindical para los trabajadores del Estado, hoy en día se ha convertido en una pesadilla, producto de políticas económicas totalmente contrarias a los intereses del pueblo.
«Nosotros tenemos que restablecer los derechos de los trabajadores del siglo XX, y volver esto una verdadera prestación para tener acceso a la vivienda y no una cadena que lastime las condiciones de vida de la mayoría del pueblo que con su esfuerzo y trabajo genera la riqueza del país», finalizó.
Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, explicó que desde dicho órgano se dictaminará un Punto de Acuerdo para eliminar los despachos de cobranza que fueron aprobados por el comité directivo del INFONAVIT.
«Estos despachos aterrorizan a la gente, les llaman por la madrugada, les cobran, amenazan y actúan verdaderamente como delincuentes», dijo.
Finalmente, recordó que las y los derechohabientes son dueños del dinero que se están prestando para los créditos, y que deben ser quienes encabecen los esfuerzos de dichas instituciones, y no al revés.
