Lo más preciado que tenemos es la vida. Poder tener la certeza de que nuestros hijos regresarán a casa, que podemos trabajar sin temor, que podemos salir a caminar a cualquier hora, que podemos transitar nuestras calles.
Muchos de nosotros contamos con esas garantías, pero qué pasa con las personas que por las regiones, municipios, colonias o zonas en las que viven, no pueden salir después de cierta hora, no pueden trabajar en determinados rubros, quienes no pueden vivir en sus hogares y terminan huyendo para buscar un poco de paz.
El desplazamiento forzado cada día se vuelve una actividad más común. Esto debe generarnos enojo, tristeza, NO PODEMOS QUEDARNOS INMÓVILES ante la situación por la que atraviesa nuestro estado, nuestro país.
Conocemos historias de familias que son separadas, de personas que no vuelven a sus hogares, que dejan atrás negocios, casa, escuela, amigos. Todo para salvar la vida de sus hijos y las suyas.
El desplazamiento forzado interno, va más allá de salir huyendo, porque lleva a una serie de violaciones a los derechos humanos de difícil reparación para quienes lo sufren; como sería la vida, la integridad personal, la salud, la propiedad, la educación, el trabajo y la libertad, entre otros, siendo todos ellos un ataque directo a su identidad, forma de vida, cultura y dignidad.
El desplazamiento forzado interno, no solamente afecta a las personas sino que destruye a la sociedad, la forma en la víctimas se relacionan con los demás, quienes son totalmente despojados de sus bienes y derechos, viven una experiencia traumática, continúan viviendo con temor.
Verse obligado a huir y abandonar su lugar de residencia no sólo genera necesidades en términos de vivienda y seguridad. Para restablecer su proyecto de vida y el pleno ejercicio de sus derechos, las personas desplazadas pueden necesitar apoyo económico, ayuda humanitaria, asistencia médica y psicológica, reposición de documentos, apoyo para la realización de trámites administrativos, restitución de tierras y propiedades, así como acceso a mecanismos de justicia y reparación.
Es muy importante señalar que entre la población desplazada existen niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, poblaciones indígenas y grupos de personas con necesidades especiales de atención y protección que deben ser tomadas en cuenta.
Debido a la gravedad y los alcances del desplazamiento forzado éste ha sido catalogado por la Corte Interamericana como una violación continúa y múltiple de derechos humanos; continúa, en razón de que, hasta que persista la situación de desplazamiento y no se garantice la efectiva reparación del daño, las violaciones sufridas por las víctimas no cesan; y múltiple, dado a la “amplia gama de derechos humanos que afecta o se ponen en riesgo».
Actualmente, nuestro Código Penal, adolece de una definición que establezca el tipo penal del delito de Desplazamiento Forzado Interno en nuestro Estado. Un delito que se está cometiendo en la realidad diariamente afectando a niñas, niños y adolescentes, a adultos mayores y a personas con discapacidad; delito que aún cuando como legisladores lo vemos y en nuestros distritos lo palpamos, se encuentra invisibilizado en nuestra legislación objetiva penal.
La carencia del tipo penal de Desplazamiento Forzado Interno en nuestro Estado deja en la total impunidad a personas físicas, morales e inclusive Servidores Públicos al cometerse o ignorar el delito de Desplazamiento Forzado Interno en nuestro Estado.
Por ello, propongo implementar una pena de seis a doce años de prisión y trescientos a seiscientos días de multa, y la reparación integral de los daños que se ocasionen durante el desplazamiento forzado interno a quien incurra en esta conducta.
En caso de que las víctimas sean niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, o cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad, la pena aumentará hasta una mitad en contra del responsable.
Compañeras y compañeros diputados, es urgente que nos solidaricemos con los cientos de familias de la tierra caliente, de la costa, el oriente, la ciénega, la zona lacustre, de cada parte del estado de Michoacán que se ven obligados a huir.
El presente proyecto de Iniciativa que pongo a su consideración, tiene por objeto, maximizar los derechos humanos de las y los Michoacanos acorde a los principios del artículo Primero Constitucional, así como de los tratados Internacionales en materia de Desplazamiento Forzado Interno en nuestro Estado.
Hoy les pido votar a favor de la paz y el respeto a las vidas de las y los michoacanos que están sufriendo.
