El día de hoy estamos discutiendo una iniciativa de gran relevancia para la seguridad y tranquilidad de los más de 126 millones de mexicanos y mexicanas a lo largo y ancho de nuestro país.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos totalmente de acuerdo con el dictamen que se nos presenta por la Comisión de Puntos Constitucionales referente a la iniciativa de la compañera diputada Yolanda de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el único objetivo de dar a la fuerza armada permanente una solidez y efectividad para enfrentar al crimen organizado en los diferentes estados y municipios sin distinción de sus orígenes partidistas.
La semana pasada se hicieron una serie de reformas y adiciones a diversas leyes referente a la Guardia Nacional y que ya fueron aprobadas por nuestra colegisladora.
Pero el día de hoy, la propuesta de reforma que se nos presenta es a nivel constitucional y, básicamente, son cuatro ejes: el primero, el de incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, durante 9 años a partir de marzo de 2019, esto es, que terminaría en el año 2028.
El segundo eje de la propuesta del PRI y que el Grupo Parlamentario del PT acompaña es que, dicha participación de las fuerzas armadas, será con un enfoque de respeto a los derechos humanos y a los pueblos y comunidades indígenas y de afromexicanos, por cierto, esta última a propuesta fue del Partido del Trabajo.
Y no porque actualmente no se haga, nada más apartado de la realidad, sino simplemente para dar un refuerzo a estos derechos consagrados en el artículo primero de nuestra Carta Magna, incluyendo a los grupos históricamente discriminados o ignorados.
Como tercer tema de modificación, se propone integrar una comisión bicameral para dar seguimiento al cumplimiento de lo mandatado en el Quinto Transitorio de la reforma de 2019 sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública.
Por último, se propone en este dictamen que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cada período ordinario de sesiones donde se dé cuenta de los avances de la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de los estados y municipios y que nada tiene que ver con lo estipulado en la fracción cuarta del Artículo 76 de nuestra norma fundamental.
Antes que nada, el Partido del Trabajo apoya todas y cada una de las propuestas que se nos plantean en este dictamen por las siguientes razones:
Primero, es falso que con esto se militarice la seguridad pública civil a través de cuerpos castrenses, toda vez que esto permitirá contar con mayor tiempo y que sea suficiente para el crecimiento y consolidación de la naciente Guardia Nacional.
Segundo, también es falso de que se le quiera dar de facto a los mandos militares la responsabilidad de la seguridad pública civil, toda vez que esto no fue el gobierno de la Cuarta Transformación, el que utilizó al ejército en estas tareas y luego los abandonó a su suerte sin sustento jurídico en su actuar.
Tercero, tampoco podemos aceptar la distorsión que hacen de los comunicados de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que ésta sólo ha mostrado preocupación, sobre todo en la designación del control operativo y administrativo de la Guardia Civil Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero dejan de un lado analizar y resaltar que la formulación de la estrategia de seguridad pública quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea un órgano ciudadano.
Y, en cuarto lugar, se plantea la pertinencia en este dictamen toda vez que, si dejamos correr los tiempos y la finalización de dichas reformas en 2019, concluirán en marzo de 2024, esto es, en pleno proceso electoral federal y los 32 locales que habrán de efectuarse en ese año.
Por lo tanto, más politizado e irresponsable sería el no hacer los ajustes necesarios en este momento.
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quién, a través de los controles constitucionales, que este Poder Legislativo le ha otorgado, para que determine la constitucionalidad a las reformas legales aprobadas en días pasados por ambas cámaras de este Congreso de la Unión.
Pero no podemos, ni debemos caer en una irresponsabilidad legislativa; debemos y estamos obligados a dar certeza y seguridad jurídica del actuar de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública civil.
Parece que se les olvida a los detractores de la Guardia Nacional que el sistema de seguridad mixto ya existe, como en la Guardia Civil Española, los Carabineros de Chile, la Gendarmería Nacional de Argentina e incluso la francesa y esto es, solamente por citar algunos ejemplos, algunos de ellos, existen desde el siglo 19.
Me pregunto y les pregunto, señores legisladores: ¿Por qué no vienen a esta tribuna a señalar a estos gobiernos, que acabo de mencionar, de fascistas, de represores, de golpistas o dictatoriales? ¿Por qué no se pronuncia que esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es preocupante la conformación de esos órganos de la seguridad en esos Estados, con tintes castrenses? Pareciera que les gusta ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.
Por otra parte, agradecer y reconocer a las diputadas y diputados del PRI el tener una altura de miras con una propuesta de ampliar el Quinto Transitorio Constitucional y con ello velar por el interés superior de la nación, anteponiendo visiones de grupo, partidarias e incluso el de la moratoria legislativa constitucional, que en nada beneficia al pueblo de México.
Es importante rescatar todo esto, que tenemos que implementar un nuevo sistema para la capacitación y constante evaluación de las policías municipales y estatales, por ello, debemos destinar en los futuros presupuestos de egresos los recursos necesarios para que esto se vuelva una realidad.
Los gobiernos anteriores, se enfrascaron, ellos sí, en militarizar el país, olvidándose de la fuerza pública estatal encargada de garantizar el orden y la paz en los estados y municipios; basta recordar la guerra que el usurpador de Calderón, junto con su hoy encarcelado en Estados Unidos, Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se inventaron guerras contra las organizaciones criminales, ocasionando que el país se inundara de armas y «daños colaterales» que resultaron ser niños y jóvenes que perdían la vida.
Resalto lo señalado por el Secretario de la Defensa Nacional el día de ayer en el Aniversario de la Gesta Heroica del Castillo de Chapultepec, donde manifestó que «La patria requiere de una sociedad unida, en donde los sectores político, económico, social y militar que la integran actúen sumando esfuerzos y voluntades para coadyuvar hacia el objetivo común que es México«.
Nos llama poderosamente la atención lo publicado en diversos medios de comunicación nacional, el día de hoy, un mensaje dirigido a las y los diputados del PRI, para exhortarlos, esto es, un claro financiamiento de los poderes fácticos que añoran los privilegios perdidos y con unos intereses evidentemente mezquinos.
Compañeras y compañeros legisladores: estos ajustes que se proponen, solo responden a la confianza de la sociedad mexicana, que le tiene a nuestras Fuerzas Armadas, dado la poca efectividad de los cuerpos policiales anquilosados en la corrupción y complicidad con el crimen organizado, basta con una muestra un botón, ya lo mencioné, el nombre de Genaro García Luna.
Por todo lo anterior, que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que escucha y atiende en todo momento las demandas que el pueblo exige, y desde luego, votaremos en favor del presente dictamen.
¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la Guardia Nacional! ¡Viva México!
