El extitular de Pemex, Emilio Lozoya, llegó la madrugada de este viernes extraditado desde España con un as bajo la manga para su defensa: 16 hora de grabaciones contenidos en 12 videos en los que aparecen legisladores e importantes políticos mexicanos que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética, así como otras iniciativas.
Los pagos se habrían efectuado en las oficinas del exdirector general de la petrolera, ubicadas en la Torre de Pemex.
Dentro de los negociadores de oposición del Senado se nombró a el actual gobernador morenista del estado de Puebla, Miguel Barbosa, quien apenas el jueves procedió a desvincularse de conocer a Lozoya.
Se sabe que Lozoya Austin aceptó la extradición debido a que las grabaciones pueden hacerlo acreedor a la figura de “criterio de oportunidad” como explicó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hace unos días.
Nieto explicó que la legislación penal de México contempla, en el artículo 256, un “instrumento no doloso de la comisión del delito”, un criterio de oportunidad que si bien implica la extinción de la acción penal, dependerá de si ayuda (la información de Lozoya) a ir subiendo en la investigación de la estructura de la red criminal.
