Derivado de la detención arbitraria y posterior asesinato de Giovanni López a manos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, la sociedad jalisciense decidió manifestar su repudio. La familia de Giovanni, un trabajador de la construcción de 30 años de edad, asegura que fue detenido debido a que no portaba cubrebocas.
La libre expresión de las ideas generó una reacción en escalada con tácticas dictatoriales estilo guerra sucia, exceso en el uso de la fuerza para el sometimiento de civiles y retención de periodistas gráficos por parte del gobierno estatal los días 4, 5 y 6 de junio de 2020. Al menos 50 jóvenes fueron desaparecidos y 28 detenidos.
Los hechos aquí narrados han quedado debidamente documentados en redes sociales y medios de comunicación de alcance local, nacional e internacional.
En su momento advertimos, que la obligatoriedad de las medidas sanitarias en Jalisco es anticonstitucional, violatoria de los derechos humanos y garantías individuales, que incluso serviría de pretexto para abusos policiales, lo cual ha sucedido en diversos municipios del estado.
Pero lejos de reconocer su responsabilidad, o tratar de enmendar sus errores y excesos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez de forma sistemática ha preferido deslindarse y culpar a terceros, lo cual es claramente violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus artículos 77 y 116 indica las funciones y obligaciones de los gobernadores de las entidades federativas.
El 5 de junio, el gobernador emitió este mensaje en sus redes sociales:
“… hoy un grupo de personas de la @FiscaliaJal desacató mis instrucciones y actuó de una manera irresponsable y brutal…”.
Después el 6 y 7 de junio, admitió que el crimen organizado está infiltrado en la Policía Ministerial.
De esta manera admitió que perdió el control de los elementos policiales, es decir, Enrique Alfaro admitió que ya no gobierna.
Es por ello que las y los diputados federales de Morena por Jalisco, con el respaldo de nuestra dirigencia nacional, a través del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar y la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján Uranga emitimos el presente MANIFIESTO por medio del cual:
RECHAZAMOS
1. Que Enrique Alfaro pretenda lavarse las manos; la situación de violencia e incertidumbre jurídica en Jalisco, es su responsabilidad directa. El gobernador es responsable de la conservación y mantenimiento del orden, la tranquilidad y seguridad pública del estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es contundente en su artículo 22 fracción VIII. Además la Fiscalía General de Jalisco no es autónoma y su titular fue nombrado de la terna que el gobernador propuso sin convocatoria abierta.
2. La represión, la desaparición forzada y uso excesivo de la fuerza que ejerce el gobierno estatal para impedir el derecho a la manifestación.
3. La deleznable intención del gobernador Alfaro de culpar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, de querer desestabilizar su gobierno.
EXIGIMOS
1. La separación del cargo y sanción al Fiscal General de Jalisco, así como a toda la cadena de mando responsable de los operativos de los días 4, 5 y 6 de junio, bajo el principio de máxima transparencia y publicidad, con el fin de que la población conozca quiénes son los culpables.
2. Un reporte detallado sobre las personas detenidas y desaparecidas, su condición física y jurídica con total apego a la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
3. Reparación del daño, garantía de no repetición, no persecución y máxima protección para las víctimas de detenciones y desapariciones, así como sus familiares y amigos. No es suficiente el retiro de cargos en contra de manifestantes.
4. Certeza jurídica y respeto a los Derechos Humanos para toda la población de Jalisco.
5. Investigación y sanción por el actuar del presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos y la policía bajo su responsabilidad.
6. Que se persiga como desaparición forzada, tortura y asesinato el caso de Giovanni López, por parte de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Que se ofrezca una disculpa pública y se otorgue una justa indemnización a la familia de la víctima.
7. Que de una vez por todas, el gobernador Alfaro retome el orden constitucional que ha quebrantado en sus afanes protagónicos.
PROPONEMOS
1. Ante la reconocida incapacidad del gobernador Alfaro, la desobediencia de los agentes de la Fiscalía Estatal y la infiltración del crimen organizado, que intervenga de inmediato la Guardia Nacional para restituir el orden en Jalisco.
2. Una investigación y deslinde de responsabilidades por parte de la Fiscalía General de la República.
3. Iniciar juicio político al gobernador Alfaro por su incapacidad para gobernar.
4. Urgente intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una vez que la Comisión Estatal documentó la desaparición forzada de personas a manos de elementos policiales de Jalisco. También le hacemos un respetuoso llamado a que emprenda una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo DIELAG 26/2020 firmado por el gobernador, que hace obligatorias las medidas sanitarias.
5. Acompañamiento de instancias internacionales: aplaudimos la intervención del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la gravedad de los hechos amerita la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ser necesario, deberá tramitarse ante el Senado de la República la autorización de una investigación de los casos de desaparición forzada por parte de la Corte Penal Internacional.
El fracaso del gobierno de Alfaro es responsabilidad de él y de nadie más.
Es por todo lo anterior que solicitamos al gobernador de Jalisco, deje de lado sus intereses políticos personales; si no le es posible asumir la administración pública del estado, renuncie a su puesto y permita que alguien con capacidades suficientes conduzca los destinos de Jalisco.