En las próximas semanas iniciará la discusión formal sobre la propuesta de Reforma Constitucional en materia eléctrica dentro de la Cámara de Diputados, de hecho, la semana pasada iniciaron los trabajos de Parlamento Abierto en donde los gobernadores de las entidades federativas y expertos en la materia comenzaron a verter posicionamientos, modificaciones y adecuaciones respecto al famoso proyecto enviado desde el Ejecutivo.
Dentro de la opinión pública nacional el gran revuelo que ha generado esta propuesta ha incentivado el diálogo con posiciones a favor y, en la mayoría de los casos, en contra debido a la falta de claridad en los procesos burocráticos, de abastecimiento y, sobre todo, del futuro de la participación privada dentro de esta materia por la adjudicación del 54% de la industria a la Comisión Federal de Electricidad.
No obstante, más allá de las barreras ideológicasdebe haber algunos puntos importantes dentro de la discusión; en un primer momento, ni CFE ni la Secretaría de Energía han descrito a través de qué medios y bajo qué rubros garantizarán la producción, compraventa, transmisión, distribución ni fijación de tarifa de la electricidad; sectores en los que desde luego tampoco se ha posicionado el gobierno ni la bancada oficialista.
Además, han omitido las implicaciones jurídicas que conllevaría la cancelación de contratos de privados, los cuales en su mayoría producen los recursos con base en procesos renovables. Si bien existen recursos legales e institucionales que protegen las inversiones, también es cierto que la serie de litigios que den inicio prolongarían el conflicto legal de dicha iniciativa.
El costo y gastos del Estado Mexicano no solo serían para los posibles daños y perjuicios en contra de las empresas, sino también en la posibleampliación de infraestructura de la CFE, sector que esindispensable para abastecer el servicio en el 54% planteado dentro de la reforma y que, de no ser así, generalizaría los apagones y falta de servicio a nivel nacional.
En el apartado económico, los gastos del Estado Mexicano aumentarían y se prolongarían en el tiempo condenando a las generaciones futuras; el endeudamiento en mecanismos de producción energética no renovable, contaminante y sucia condenaría a las generaciones presentes, así como el futuro ambiental del país.
Además, es posible que la falta de claridad sobre la conformación institucional dentro del sector energético reduzca las inversiones en el futuro por la falta de reglas de funcionamiento y por la preferencia a sectores como la quema de carbón, una de las actividades más caras en el mercado.
Es indispensable que el gobierno y los legisladores de Morena alejen su miopía partidista que les impide plantear un escenario próspero y estable para nuestro país y presenten medios sustentables ysostenibles.
Las alternativas deben evitar una deuda permanente con capitales privados e incentivar la inversión Estatal en el sector renovable a través de lainvestigación y la capacidad estructural que genere una revolución energética a partir del cuidado al medio ambiente, del fortalecimiento de instituciones y políticas públicas que hagan posible un futuro más verde para todos.
