Hace un par de semanas, en Culiacán, se desató el terror tras la captura de Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo”. El saldo del operativo fallido fue de siete muertos, frente a los que el Gobierno Federal optó por liberar al capo con el fin de “salvaguardar más vidas”. Este episodio de violencia podría considerarse una excepción para algunos, pero la realidad es otra. El lunes 4 de noviembre, el crimen organizado volvió a poner en duda la autoridad del gobierno en el país: tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón fueron acribillados mientras se dirigían a Sonora. Estas muertes, lamentablemente, se suman a las más de catorce masacres que han acontecido en el país desde la toma de protesta del presidente López Obrador y a los feminicidios que siguen ocurriendo diariamente.
Por su parte, la economía tampoco da señales de mejorar con respecto a los gobiernos anteriores; al contrario, la estimación de la tasa de crecimiento para este año se mantiene a la baja –si es que se puede bajar más- y el subgobernador del Banco de México alertó sobre una elevada posibilidad de que el PIB reporte una contracción en el tercer trimestre del año. Esto, aunado a que estamos muy alejados de la meta de producción petrolera y a que se siguen impulsando medidas que poco favorecen a incentivar la inversión nacional y extranjera y que perjudican a los empresarios, da poca certidumbre a los mercados y mina la estabilidad del país.
Pese a este panorama, que brinda más preguntas que respuestas, el presidente ha optado por dedicar tiempo y recursos para investigar a quienes lo cuestionan o disienten de él en redes sociales. El pasado lunes, junto con Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó un estudio sobre los mensajes que se posicionaron en Twitter bajo los hastags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta; mismos que surgieron tras la confrontación que tuvo el mandatario contra la prensa el 31 de octubre, por los cuestionamientos en torno a la falta de información y las contradicciones sobre el operativo contra Ovidio Guzmán.
Me parece ridículo que en un país donde reina la inseguridad, la economía apremia y la libertad de expresión peligra, el presidente prefiera gastar tiempo y dinero para encontrar supuestas “granjas de bots”. Tras 11 meses de gobierno, pareciera que a Andrés Manuel López Obrador no le ha llegado el memo en el que se le avisa que es responsable no sólo de salvaguardar la integridad de los mexicanos, sino de crear y mantener las condiciones para que estos puedan tener una vida digna.
Las redes sociales son, sin lugar a duda, el mayor espacio de información y comunicación que tenemos hoy como ciudadanía. La libre expresión en estos espacios es un derecho que, como mexicanas y mexicanos, estamos llamados a defender. Twitter y Facebook son mecanismos donde se expresan sin rigor alguno las opiniones de diversos grupos. Algunos con argumentos y muchos otros no. Por esto me pregunto: ¿tiene sentido que un gobierno pierda el tiempo persiguiendo a quienes comparten memes, fotos u opiniones sesgadas al calor de sus emociones? ¿Tiene sentido frente a los problemas de seguridad que siguen produciendo víctimas? ¿Frente a las evidentes malas decisiones en la economía?
Los datos duros de la realidad a la que nos enfrentamos no mienten; pero, al parecer, la prioridad de nuestro Ejecutivo radica en señalar, hasta las últimas consecuencias, a quienes hablan mal de él o de su gobierno. Ante esta terrible verdad, sólo me resta decir: tengan cuidado la próxima vez que quieran compartir un meme, puede que a Andrés no le guste… y se conviertan en los enemigos del país.
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