Quienes tienen mi edad recordaran que hace veinte años el acceso a Internet era algo exclusivo de algunos sectores de la población. Su poca presencia no lo hacía indispensable para la convivencia y el desarrollo de los países. Sin embargo, hoy en día resulta impensable comprender nuestra sociedad sin este fenómeno.
Diariamente, millones de personas se comunican con amigos y familiares en todas las partes del mundo a partir de aplicaciones de mensajería; se encuentran y rencuentran con amigos y conocidos en redes sociales y se informan y desinforman a partir de portales de noticias o sitios web que ponen a su alcance millones de noticias que ocurren al momento.
En México, para responder a este reto, se reconoció con la Reforma de Telecomunicaciones de 2013 el acceso a Internet como derecho constitucional y se establecieron las bases para garantizar que existiera mayor competitividad en la oferta de los servicios de telecomunicaciones. Si bien en el sexenio pasado nos convertimos en el octavo país en garantizar a la ciudadanía este derecho, hoy parece que vamos en reversa.
La iniciativa que plantea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) permitirá que existan bloqueos a contenidos de Internet, invasión a la privacidad y que se ponga en riesgo la libertad de expresión a través de mecanismos de censura. Saber es poder y este gobierno lo ha entendido a la perfección. Estamos avanzando hacia una sociedad más conectada y que exige que los ciudadanos lo estén para que sean parte de la esfera social y de gobierno. Hoy en día, vivimos en una sociedad que se ve favorecida por el acceso a contenidos de educación de manera gratuita o muy barata, como plataformas de escuelas o universidades para tomar cursos, diplomados o hasta para estudiar una licenciatura; dichos beneficio se verán terriblemente afectados, repercutiendo en el derecho al accceso a la educación de personas que, por diversos factores, no pueden trasladarse a un salón de clases o que les resulta costoso e incluso difícil por cuestiones de seguridad.
No es casualidad que el presidente de conferencias mañaneras que den línea a la agenda política y comunicativa del país o que pida que se informen en medios poco confiables pero que sólo le dan la razón. Esta iniciativa justificada en razones económicas se convierte en otro intento de control de información al privarnos de la neutralidad del Internet.
Es preciso que tengamos muy presente que el debate del acceso a Internet no se debe sostener en meros argumentos económicos, sino que debe ser llevado a la arena política donde nuestra realidad exige que cada ciudadano tenga derecho a acceder a este. Privarlo de ello sería aislarlo de otros derechos fundamentales como el derecho a la información, la privacidad y derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs), a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones que hoy son parte fundamental en nuestra sociedad.
En este sentido, en cualquier reforma que proponga el IFT u otros en esta materia debe estar enfocada a generar mecanismos para que todos los mexicanos puedan acceder al internet, no a quedarse excluidos de él.
